Pedro Badía Alcalá
Secretario de Comunicación, Información, Cultura y Relaciones Institucionales de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras

Begoña López Cuesta
Secretaria de la Fundación FIDEAS

Hoy, gran parte de los niños y niñas no escolarizadas, viven en zonas afectadas por los confl ictos. La crisis de los refugiados, también provocada por las políticas inmorales de la UE, ha dejado al descubierto el enorme tránsito de menores, en la mayoría de los casos dejados a su suerte, que están pendientes de atención y protección. No sólo es la alta proporción de menores que llegan hasta las fronteras de la UE, es que en los campos de refugiados de Turquía, Líbano o Jordania, donde se contabilizan ya más de cinco millones de personas, una gran mayoría son menores de edad: niños y niñas, jóvenes sin futuro, condenados a la marginación y la violencia.

Los organismos internacionales y los movimientos sociales debemos comprometernos a dar las respuestas necesarias y adecuadas para satisfacer las necesidades de educación de las personas desplazadas y de los refugiados, que deberían incluirse en la Acción Humanitaria. La educación, es una apuesta de futuro, para que millones de personas mantengan la esperanza en situaciones de confl icto, de emergencia y de post-confl icto. Precisamos de la educación, como instrumento para la intervención social y la recuperación temprana de niños, niñas y jóvenes.

Para ello, necesitamos una agenda común, que refl exione sobre el sentido de la educación y de la escuela pública, la importancia del papel del profesorado, y la recuperación de la inversión internacional y nacional. Y afronte los retos que se derivan de esa reflexión.

Necesitamos inversión, lo que signifi ca revertir los duros recortes que se están llevando a cabo en los ámbitos nacional e internacional. En muchos países, como España, los recortes se han convertido en estructurales, mediante leyes, y bajo el paraguas argumental de la crisis. Hay que recuperar el 0,7% del PIB para la cooperación al desarrollo. Hay que activar políticas para condonar deuda a países en vías de desarrollo por inversión en proyectos educativos. Y hay que fi jarse a medio plazo, la meta del 6% del PIB nacional para educación.

Hablar del sentido de la educación signifi ca, promover la escuela pública y la diversidad cultural, integrar esa dimensión intercultural de la educación en el diseño curricular, en la propia organización escolar, en la metodología de aula y la propia profesión docente: pensar en un proyecto de centro comunitario, de éxito escolar personal y social, pedagógico, cultural y ético.

Signifi ca, también, reafi rmar la visión y la voluntad política, que se refl ejan en los numerosos tratados de derechos humanos internacionales y regionales, en los que se establece el derecho a la educación, y su estrecha relación, con otros derechos humanos.

La educación, entendida como el principal motor para el desarrollo y la consecución de los objetivos para un desarrollo sostenible. La Declaración de Incheon, República de Corea mayo de 2015, Educación 2030: hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos señala que necesitamos una visión global inspirada “en una concepción humanista de la educación y del desarrollo basada en los derechos humanos y la dignidad, la justicia social, la inclusión, la protección, la diversidad cultural, lingüística y étnica, y la responsabilidad y rendición de cuentas compartidas.”

La educación es un derecho fundamental que hace posible la realización de otros derechos cuyos ejes son la inclusión y la equidad, lo que signifi ca que ninguna meta educativa se debe considerar lograda si no se ha conseguido el éxito escolar para todos y todas.

El antropólogo nigeriano John Ogbu señalaba que, aunque la batalla se desarrolle en el aula, el origen de la misma estaba fuera. Debemos intentar optimizar la infl uencia de la escuela en la sociedad y de ésta en la escuela, convirtiendo a la escuela pública en la herramienta más importante, para construir el bienestar de las sociedades. El sociólogo Pablo Gentili, ha escrito al respecto que, “la educación debe transformarse en una oportunidad para comprender el mundo en que vivimos y ayudarnos a construirlo sobre los principios de la solidaridad, la igualdad y la más radical defensa de los derechos humanos, la paz y la justicia social.”. Y, en palabras inspiradas en Paulo Freire, añade que “la educación no cambia el mundo, la educación cambia a las personas, y son ellas las que harán del mundo un lugar más digno y acogedor. La educación es el espacio, la plataforma, la cuna donde se gestan la esperanza y la utopía que brindan energías a nuestra lucha por sociedades donde el ser humano sea algo más que un valor de cambio y el conocimiento un bien común del que todos y todas puedan apropiarse”.

Y en palabras de Francesc Carbonell y Danilo Martuccelli, 2009 [1],(Guillén, febrero, 2012) “urge la reconversión del ofi cio de educar, por una clara motivación ética, puesto que una práctica educativa reproductora de la inequidad es, por sí misma, una contradicción moral: la educación debe precisamente, formar una ciudadanía libre y crítica y favorecer la realización individual y colectiva de personas y comunidades. Y estas premisas no son posibles a través de prácticas educativas que reproduzcan y consoliden las situaciones de injusticia social existentes”.

En este sentido, la reconstrucción de la profesión docente es un reto de gran importancia por el momento paradójico en que se encuentra. Por un lado, son muchas las investigaciones que indican la relevancia que tiene para la calidad de la educación y para el éxito escolar de todos y todas los niños y niñas la calidad de los y las docentes. Por otro lado, se adoptan medidas y decisiones políticas, tanto en el ámbito internacional, como en el nacional, que están provocando la precariedad laboral, la proletarización de la profesión docente, la desmoralización del colectivo y la debilitación de los saberes profesionales. La construcción de la profesión docente es una tarea permanente que, en la actualidad, se desenvuelve en un escenario inestable y decididamente complejo.

Necesitamos políticas que protejan y velen por la profesión docente. Un profesorado debidamente contratado, con buena formación pedagógica y sensibilización social, motivados y apoyados por las políticas educativas con recursos sufi cientes. Y concienciado sobre la importancia ética y social que tiene su profesión.

El maestro y la maestra adquieren un papel relevante para hacer posible que los derechos de los niños y las niñas sea una realidad vivida. Organizaciones sindicales, como CCOO, son un elemento indispensable, a la hora de construir un sistema educativo alternativo al actual, que podemos señalar de “barrera a la interculturalidad”, y así mismo, debe atreverse a liderar un enfoque intercultural y de derechos humanos en las relaciones económicas, sociales y políticas que sean capaces de activar ese “efecto mariposa” defi nido por el meteorólogo Edward Loren, en su teoría del caos, donde cada acción es importante por insignifi cante que parezca, pues puede provocar una reacción en cadena en cada persona que conocemos, en cada afi liado y afi liada, en cada escuela, en cada pueblo, etc. Como “el simple aleteo de una mariposa” para proteger los derechos de cientos de miles de niños y niñas estén donde estén.