Prof. Filipe Reis Melo
Universidad Estadual de Paraíba • BRASIL
Los días 13 y 14 de noviembre de 2025 tuvo lugar en Caracas, Venezue la, el primer Encuentro de Juristas en Defensa del Derecho Internacional. Más de un centenar de especialistas procedentes de 35 países participaron en el evento, directamente relaciona do con la reciente amenaza de Esta dos Unidos de derrocar al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro para sustituirlo por un Ejecutivo alineado políticamente con Washington.
El clima internacional se encuentra cada vez más polarizado, y alcanzar consensos en cuestiones clave de la política global resulta progresiva mente más difícil. En la IV Cumbre CELAC-UE, celebrada los días 9 y 10 de noviembre en Colombia, la decla ración final evitó abordar temas que algunos gobiernos consideraban im prescindibles, entre ellos, la amenaza estadounidense de intervenir en Ve nezuela. El resultado fue un documen to tibio cuando se requería una posi ción contundente. A ello se sumaron las múltiples reservas expresadas por países como Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Para guay, y Trinidad y Tobago, que dis creparon de varios párrafos del texto. Venezuela, por su parte, ni siquiera f irmó la declaración.
El presidente estadounidense, Do nald Trump, mantiene una retórica marcada por la contradicción. Afirmó no descartar el envío de tropas a Ve nezuela, mientras aseguraba, en para lelo, estar dispuesto a dialogar con el presidente Maduro.
Pese a que Estados Unidos insiste en presentarse como adalid de la demo cracia, su historial muestra lo contra rio. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el país ha invadido decenas de naciones y ha participado en la ar ticulación de más de cincuenta golpes de Estado, muchos de ellos contra go biernos democráticamente elegidos. Washington ha respaldado y continúa respaldando dictaduras siempre que estas adopten políticas acordes con los intereses estadounidenses, como es el caso de aliados como Arabia Sau dí, Egipto o Siria.
Tampoco es nueva la pretensión imperial de intervenir en países lati noamericanos. La democracia en la región ha sido atacada en repetidas ocasiones mediante acciones directas de EE.UU., que derrocó gobiernos le gítimos para instaurar dictaduras afi nes. Basta recordar los casos de Gua temala contra Jacobo Árbenz en 1954, de Brasil contra João Goulart en 1964, o de Chile contra Salvador Allende en 1973.
La reciente decisión de Washington de enviar ocho buques de guerra al mar Caribe, incluido su mayor portaa viones, y de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales atacando embarcacio nes pesqueras, ha intensificado la pre ocupación de los defensores del Dere cho Internacional. Desde septiembre de 2025, las fuerzas estadounidenses han atacado veinte barcos y asesina do a 83 personas.
La incomodidad de EE.UU. con la Re pública Bolivariana de Venezuela no es nueva: desde hace décadas molesta el camino de independencia y sobera nía elegido por Caracas. En 2002, se produjo un intento de golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez, también elegido democráti camente, que terminó fracasando. Las acusaciones estadounidenses de que el Gobierno de Nicolás Maduro estaría involucrado en el narcotráfico care cen de fundamento y buscan justificar una intervención en un país soberano. Pero incluso si un mandatario estuvie ra implicado en tales actividades, ello no otorgaría a otro Estado el derecho de ejecutar una acción militar.
Si la iniciativa estadounidense prosperara, el petróleo venezolano quedaría en manos de empresas ex tranjeras y PDVSA —la estatal petrole ra— se convertiría en objetivo para su privatización. Los recursos naturales del país pasarían a ser explotados por corporaciones estadunidenses. Was hington decidiría quién ocuparía la presidencia en sustitución de Maduro y, paradójicamente, presentaría ese escenario como el retorno de la demo cracia a Venezuela.
