Camila Rojas
Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh)
Roberto Álamos
Director del Centro de Estudios de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (CEFECh)
En Chile, las movilizaciones estudiantiles y sociales que se han gestado en la última década han planteado la necesidad de consagrar la educación como un derecho para todos los ciudadanos, generando un debate amplio y profundo sobre los alcances de esta afi rmación. Nuestro sistema educativo vigente fue construido durante la Dictadura cívico-militar que gobernó nuestro país entre 1973 y 1990, y que impulsó una verdadera revolución neoliberal, entregando la provisión de la educación al mercado: en Chile, más del 80% de la educación superior chilena está en manos de privados.
En el nivel escolar, los mecanismos de mercado generaron una segmentación excesiva entre estudiantes, consagrando una fuerte segregación social que derivó en verdaderos guetos educativos. A la fecha, menos del 40% de la educación escolar es entregada por escuelas públicas. Lo anterior se reproduce en las universidades: la actual prueba que permite el ingreso a estas sólo demuestra el poder adquisitivo que tienen las familias. En Educación Superior, el panorama de segregación se repite entre las universidades públicas tradicionales, las universidades privadas (creadas luego de la reforma universitaria realizada bajo la dictadura en 1981) y la educación técnica. La cobertura se ha ampliado exponencialmente en las últimas décadas, sin embargo para ello se han impuesto altas tasas de endeudamiento a los jóvenes que acceden a ella en busca de mayores oportunidades, pero que ven frustrados sus sueños en carreras con baja empleabilidad y alta deserción.
De esta manera, el Estado en Chile no se ha hecho cargo de la promoción y aseguramiento de un auténtico derecho a la educación sino que, al contrario, ha abierto espacio para la construcción de un mercado educativo donde la educación está a cargo de empresarios que priorizan sus utilidades y fi nes de lucro antes que el derecho a la educación de los ciudadanos chilenos.
Bajo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la efectividad de los derechos sobre la educación está al arbitrio de las medidas que decida adoptar cada Estado, lo que en muchos casos puede ser contradictorio con el carácter universal que la declaración le entrega a este derecho. ¿Por qué? Nos parece que es difícil sostener que un derecho humano universal pueda ser garantizado a través de medidas que terminan excluyendo a gran parte de la población.
Esta discrecionalidad con la que los Estados pueden hacer efectivo el derecho a la educación no sólo se limita a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que también, se replica en otros tratados sobre derechos humanos, tales como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al no existir una mención a qué tipo de medidas son idóneas para garantizar derechos sociales, muchos gobiernos terminan implementando políticas que difi cultan la universalidad de dichas garantías, tal y como señalamos anteriormente.
Algunos ejemplos de políticas públicas que atentan al carácter universal del derecho a la educación son las políticas de focalización del gasto público, tales como becas, créditos y subsidios educacionales. Este tipo de medidas, al tener por objetivo concentrar los recursos públicos sólo en la población más vulnerable, excluyen al resto de la población de los benefi cios del acceso universal a los derechos, cuestión que sucede no sólo en materia educacional sino también en salud, seguridad social, entre otras.
Como consecuencia de este tipo de acción estatal, en muchos países, pese a que existe un reconocimiento de los derechos humanos en diversas declaraciones y tratados, su acceso está mediado por la capacidad de pago y la situación socioeconómica de los titulares de dichas garantías. Dado que los tratados y declaraciones sólo traen la obligación de adoptar medidas concretas, muchas veces se limita la universalidad del derecho a la educación bajo el mandamiento de un supuesto “uso más efi ciente de los recursos del Estado”, es decir, se omite de dar cumplimiento a un deber correlativo al derecho a la educación consagrado en la Declaración.
Los y las estudiantes de Chile nos hemos movilizado por hacer retroceder el mercado en la educación, buscando recuperar el sentido original que la declaración universal de los Derechos Humanos entregó al derecho a la educación, es decir, una garantía universal al servicio del pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, que busca favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos.
Nuestras movilizaciones más recientes han puesto en el debate público la necesidad de transformar radicalmente el sistema educativo chileno. Nuestra lucha por una educación pública, gratuita y de calidad no es solo una consigna. Nos hemos propuesto ser una fuerza de cambio, en medio de la profunda crisis de representación que atraviesan las fuerzas políticas tradicionales chilenas, muchas de las cuales promovieron la mercantilización de los derechos sociales, especialmente, el derecho a la educación. Con la llegada de la democracia la educación privada continuó el crecimiento que empezó en dictadura, lo que llevó a un desmembramiento paulatino de la Educación Pública.
Sostenemos que es un deber del Estado hacerse cargo de la provisión de un auténtico derecho a la educación, fortaleciendo el sistema público como base para la estructuración de la educación chilena, de forma que ésta no discrimine entre estudiantes de primera y segunda categoría, sino que integre y dé cohesión social a un país segregado.
Buscamos que la libertad de enseñanza deje de ser una habilitación a las instituciones privadas de educación para seleccionar qué estudiantes tienen derecho a acceder a dicho colegio, para pasar a ser un derecho de las familias escoger cómo educan a sus hijos. Queremos otorgar condiciones dignas de trabajo a las y los profesores que viven agobiados porque tienen que preparar sus clases y corregir pruebas fuera de horario laboral, en el tiempo que deberían destinar a sus propias familias, así como también devolverles el papel primordial que deben jugar en el proceso de enseñanza, que hoy se reduce a instruir a sus alumnos sobre cómo responder pruebas estandarizadas. Creemos que la educación superior no puede ser una herramienta que se reduzca a generar técnicos y profesionales endeudados y vagamente capacitados para el mercado laboral, sino que debe enfocarse en la construcción de instituciones que sean un aporte al desarrollo nacional, trabajando para crear conocimiento al servicio de las necesidades sociales.
Cuando decimos que la educación es un derecho social, no nos limitamos a pensar en quién paga los costos del proceso educativo, sino que pensamos en la construcción de un sistema que permita dar un alcance pleno a ese derecho, sin discriminaciones arbitrarias, sin priorizar el negocio de los dueños de instituciones.
* Publicado por primera vez en la 10ª edición de PoliTeknik: http://politeknik.de/p6439/
