Juan Gabriel Muñoz
Intergremial De Trabajadores De La Construcción Y la Madera • COLOMBIA

Transformaciones educativas impulsadas por las organizaciones internacionales: una mirada sindical latinoamericana En las últimas décadas, las políticas educativas en América Latina han sido moldeadas por la influencia de organizaciones internacionales como la UNESCO, la OCDE, el Banco Mundial y la OIT. Estas instituciones, con distintas orientaciones ideológicas y técnicas, han impulsado reformas que buscan mejorar la calidad, la cobertura y la pertinencia de la educación, bajo la promesa de preparar a las nuevas generaciones para un mundo globalizado, digital y competitivo. Sin embargo, desde mi experiencia como trabajador, padre de familia y dirigente sindical en un país del llamado mundo en desarrollo, percibo que muchas de estas transformaciones, aunque bien intencionadas, se quedan a medio camino entre la aspiración de justicia social y la lógica de mercado que tiende a dominar los discursos contemporáneos sobre educación, empecemos por decir que en el acceso a internet en América Latina está creciendo, pero persiste una brecha digital significativa, especialmente entre áreas urbanas y rurales. Para 2025, más de 430 millones de personas (alrededor del 75% de la población) tienen acceso, impulsado por la expansión de la infraestructura y los dispositivos móviles. Sin embargo, el 25% de la población aún carece de acceso, y las disparidades socioeconómicas y geográficas son marcadas, ya que el acceso es menor en las zonas rurales y entre las familias de menores ingresos, no puede haber ejecución de las políticas internacionales si los derechos de los seres humanos no son igualmente mundiales.

La educación, concebida como derecho humano fundamental, se ha ido transformando en un bien estratégico, condicionado por indicadores de productividad, resultados de pruebas estandarizadas y metas alineadas con agendas internacionales.

En esa transición, el sentido humanista de la formación , ese que busca el desarrollo integral de las personas, su conciencia crítica y su capacidad de transformar el entorno; ha sido desplazado por un enfoque utilitarista ro trabajador funcional a las necesidades del mercado; hace poco escuche de un profesor de sociología acerca del ingreso mínimo vital, este es: El derecho fundamental al mínimo vital garantiza condiciones básicas para una subsistencia digna, no está explícitamente en la Constitución, pero se deriva de derechos como la vida, la dignidad humana y la salud, incluye los recursos necesarios para cubrir necesidades como alimentación, vivienda, salud y servicios públicos, su objetivo es asegurar que nadie se en cuentre en una situación de vulnerabilidad e indigencia, por lo que el Estado debe intervenir para protegerlo, así las cosas un ser humano podría dedicarse incluso a algo que no sea bien remunerado y pese a esta decisión no tener hambre y frio.

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No es un fenómeno exclusivo de América Latina, pero aquí adquiere un matiz particular: se impone sobre una realidad de desigualdad estructural, informalidad laboral y sistemas productivos frágiles, donde la promesa del “empleo digno” aún no se concreta para millones de personas, mientras seguimos confiando en que nuestro voto refleje esa necesidad y el gobierno oriente sus esfuerzos a mejorar el acceso a la educación.

Como sindicalista he visto cómo las políticas educativas de carácter global, traducidas localmente por los ministerios, han impactado directa mente la vida de los trabajadores.

Los programas de formación técnica y tecnológica, por ejemplo, muchas veces responden más a las demandas inmediatas de productividad empresarial que a la necesidad de fortalecer la ciudadanía, el pensamiento crítico o la conciencia laboral. En nombre de la competitividad, se promueven modelos de aprendizaje flexible, certificaciones por competencias y alianzas público-privadas que, si no son reguladas con criterios sociales, terminan precarizando la formación, fragmentando el conocimiento y debilitando la noción de educación como bien público, se ha definido que la educación de calidad debe ser pagada y muchos que no tienen recursos económicos deben sobrevivir incluso siendo conscientes que sus talentos son desapro
vechados y que sus ideas se disuelven en el tiempo.

Como padre de familia, observo con preocupación que las escuelas y universidades se esfuerzan por incorporar tecnología y metodologías modernas, pero al mismo tiempo enfrentan aulas sobrepobladas, docentes mal remunerados y currículos que no dialogan con la vida cotidiana de los estudiantes.

La promesa de la educación digital y del aprendizaje personalizado convive con la realidad de niños que llegan a clase sin acceso estable a internet o con maestros que deben usar sus propios recursos para suplir la falta de infraestructura, en estos escenarios, la brecha entre el discurso global y la realidad local se amplía y la educación corre el riesgo de reproducir las mismas desigualdades que dice combatir, estamos en un circulo de errores que se repiten, perfeccionamos malas técnicas y la educación es cada vez menos atractiva, enviamos un mensaje que los temas son viejos, obsoletos, ana
crónicos y desde esa perspectiva es difícil cambiar.

Desde la mirada de ciudadano latinoamericano, las transformaciones educativas impulsadas por las organizaciones internacionales nos obligan a reflexionar sobre un dilema ético y político: ¿educamos para insertarnos en el mundo tal como es, o para transformarlo? La respuesta no es simple, pero el movimiento sindical ha sostenido que la educación debe servir a la emancipación de las personas, no a su subordinación.

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Cuando la OCDE promueve estándares comunes o el Banco Mundial condiciona préstamos a reformas curriculares, los sindicatos y las comunidades educativas deben tener la posibilidad de participar, de cuestionar, de proponer modelos propios que respondan a nuestras realidades, lenguas, culturas y aspiraciones de justicia.

En este sentido, la OIT ofrece una perspectiva más cercana a la visión sindical, al reivindicar la formación como derecho laboral y componente esencial del trabajo decente. Sin embargo, en la práctica, la brecha entre las declaraciones y las políticas concretas sigue siendo amplia. Los sistemas educativos de nuestros países aún dependen de presupuestos inestables, la capacitación docente se ve afectada por recortes financieros, y las reformas rara vez consideran la voz de los trabajadores que viven las consecuencias en las fábricas, los talleres o los centros educativos.

Desde mi experiencia en el sector industrial, he comprendido que la educación no puede desvincularse de la dignidad del trabajo.

Formar para el empleo no es suficiente si ese empleo no garantiza derechos, estabilidad ni condiciones humanas. La verdadera transformación educativa pasa por reconocer que el conocimiento y el trabajo están profundamente entrelazados: un trabajador que comprende su papel en la sociedad, que se forma de manera crítica y solidaria, aporta más al desarrollo que aquel que solo repite competencias impuestas. Esa es la gran tarea pendiente de los organismos internacionales y de los Estados latinoamericanos: escuchar a los trabajadores, a los docentes, a las familias,
e integrar sus saberes en la definición de las políticas públicas.

En conclusión, las transformaciones educativas impulsadas desde el ámbito internacional deben leerse desde una perspectiva humana y contextual. No basta con adaptar modelos de otros continentes ni con medir resultados en tablas comparativas.

La educación en América Latina necesita un nuevo contrato social, uno que reconozca la historia de desigualdades que cargamos, pero también la fuerza de nuestros pueblos, la creatividad de nuestros docentes, la resistencia de nuestros trabajadores y el compromiso de las familias que siguen creyendo que educar es un acto de esperanza.