Cuqui Vera Belmonte
Vicepresidenta del Comité sindical europeo de la Educacion ( ETUCE)
Desde el Comité Sindical Europeo de la Educación defendemos al profesorado y a todos los colectivos de la Enseñanza y dignificamos su trabajo. Sin embargo, esta reivindicación no es compartida por los responsables políticos del ámbito educativo como nos gustaría, ya que las palabras y las declaraciones hay que transformarlas en acciones concretas y mantener el compromiso con la profesión docente reimaginando y transformando la comprensión del profesorado y el valor de su trabajo en los entornos y contextos más difíciles.
Si no se apoya y reconoce suficientemente al profesorado, el acceso a la educación y el aprendizaje de los niños y las niñas más vulnerables, no se alcanzará el Objetivo 4 de los ODS.
Una educación de calidad desarrolla el talento y la creatividad de los seres humanos, contribuyendo así al desarrollo personal y profesional del individuo, así como al desarrollo social, cultural, económico, político y medioambiental de la sociedad en su conjunto. Promueve la paz, la democracia, la creatividad, la solidaridad, la inclusión, el compromiso con un medio ambiente sostenible, y el entendimiento internacional e intercultural. Proporciona a las personas el conocimiento, las habilidades y destrezas fundamentales para conceptualizar, cuestionar y resolver los problemas que se producen tanto a escala local como mundial. Los Gobiernos elegidos democráticamente, ya sea a nivel local, regional o nacional, deben ser los garantes y los principales prestadores de los sistemas educativos. Estas administraciones educativas tienen la responsabilidad fundamental de garantizar que una educación libre y de acceso universal disponga de los recursos adecuados y sea constantemente actualizada y desarrollada. Recaudando fondos por medio de una fiscalidad progresiva, pueden y deben invertir en la educación una parte sustancial del presupuesto del Estado, que represente como mínimo 6% de su Producto Interior Bruto. Dicha inversión deberá garantizar el desarrollo equilibrado de todos los sectores educativos, desde la educación infantil a la educación superior y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Los gobiernos en cooperación con las y los docentes, deben supervisar y regular el sector de la educación con el objetivo de mejorar constantemente su calidad, y establecer y aplicar un marco legislativo que garantice un servicio de alta calidad, normas profesionales, acceso para todos y un sistema representativo de gobernanza.
En definitiva, las autoridades públicas son responsables de la financiación, provisión y regulación de todas las instituciones educativas. Los valores sociales de la educación requieren que estos gobiernos protejan el sector educativo del programa neoliberal de privatización y comercialización. Este nefasto programa incluye la mercantilización y el comercio en la educación y la propiedad intelectual, la precarización del empleo en el sector de la educación, la aplicación de modelos de gestión del sector privado en las instituciones educativas, la privatización de las prestaciones, y la intrusión de motivos de lucro o intereses empresariales en la gobernanza de las instituciones educativas. La emergencia de un “mercado” mundial en la educación, que se ha iniciado en la educación superior está ahora invadiendo prácticamente todos los sectores educativos, plantea una serie de riesgos potenciales a la misión docente y de investigación de las instituciones educativas.
Se necesita un fuerte lazo de solidaridad internacional para brindar apoyo en situaciones donde el Estado no tiene la capacidad de proporcionar una educación de calidad para todos. Esto resulta esencial para alcanzar los ODS. Estados o territorios con sistemas políticos débiles, estados fallidos, estados afectados por conflictos violentos o desastres naturales, territorios en disputa o regiones con un Gobierno no democrático, requieren ayuda y asistencia internacional para establecer sistemas de educación integral vitales para su desarrollo social y económico.
Dicha ayuda deberá desplegarse en estrecha cooperación con las organizaciones y estructuras locales adecuadas, incluyendo los sindicatos y organizaciones representativas de los trabajadores y trabajadoras de la educación. La responsabilidad de las autoridades públicas respecto a la educación también incluye la ratificación, implementación y supervisión periódica de los convenios y reglamentos internacionales en materia educativa. Estos incluyen los siguientes: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966; la Convención de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979; la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, 1989; la Recomendación de la OIT-UNESCO relativa a la situación del personal docente, 1966; y la Recomendación de la UNESCO relativa a la condición del personal docente de la enseñanza superior, 1997. Esa responsabilidad se extiende también al respeto de los derechos del personal de la educación, conforme a lo previsto en el Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948; el Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949; el Convenio 111 de la OIT sobre discriminación (empleo y ocupación), 1958; la Declaración de la OIT sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo, 1998; y la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, 2008.
Por otro lado, es importante destacar en este artículo la perdida de derechos humanos en la que nos encontramos en un mundo globalizado.
Los derechos humanos son universales e inalienables, interdependientes e indivisibles, e implican tanto derechos como obligaciones.
Desde el Comité Sindical europeo de la Educación (ETUCE) afirmamos que todas las personas de todas las naciones deben vivir en paz, a salvo de guerras y conflictos, libres de violencia y explotación, y disfrutar de una cultura de respeto hacia sus derechos humanos en aras de la democracia, la justicia social y la igualdad. Las reglas, las normas y los compromisos relativos a los derechos humanos han de mantenerse y promoverse constantemente por medio de la acción colectiva e individual y es por ello, que colaboramos con las instituciones y organizaciones europeas que sean necesarias para proteger los derechos humanos, entre ellos el derecho a una educación pública gratuita y de calidad y garantizar su desarrollo en todos los contextos políticos que estamos viviendo en toda la región europea.
Los gobiernos deben desarrollar programas específicos y ayudas dirigidas a estas niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que permita compensar las dificultades socioeconómicas a las que se enfrentan, y establezca una línea de financiación específica destinada a la atención de las y los menores más vulnerables
La escuela debe preparar a las niñas, niños adolescentes y jóvenes para la paz y no para la guerra, y eso significa que estamos obligados a desarrollar políticas educativas que apuesten por el interés superior de los y las niñas, que se tengan en cuenta sus decisiones, aunque no estén en su país de nacimiento, que puedan ejercer sus derechos sin discriminación, porque tienen derecho a vivir, a sobrevivir y desarrollarse, y eso solo pasa por la educación.
Es por ello, que son fundamentales y necesarios todos los recursos prácticos y propuestas pedagógicas para trabajar en el aula el derecho a la educación en contextos de crisis y conflicto, como viene haciéndose en el marco de la Campaña Mundial por la Educación, garantizando que el acceso a la educación es clave para la resiliencia, la paz y la justicia social, en un mundo donde las guerras, el cambio climático o los desastres naturales , afectan a millones de niños y niñas en todo el mundo
Y continuando con la necesidad de tener una educación democrática poniendo en valor los derechos humanos, es importante recalcar que es urgente educar a la infancia y adolescencia para ser ciudadanía activa con un enfoque de género y de derechos, que comprenda su capacidad de movilizarse y cambiar la realidad. El proceso educativo permite descubrir mediante el conocimiento y la reflexión, el diálogo, e incluso a través del juego, cómo afectan las dinámicas globales económicas y políticas a la forma de vida de las personas y al cuidado del planeta, promoviendo la participación en redes comunitarias dentro y fuera del espacio local. Impulsar intervenciones transformadoras que den respuesta a las necesidades educativas, persiguiendo además de resultados curriculares, generar cambios hacia sociedades más justas, inclusivas, respetuosas con el medio ambiente y generadoras de paz es clave.
En definitiva , desde las administraciones educativas se nos pide a las y los docentes que desde la escuela debemos fomentar la educación democrática, enseñar a resolver conflictos de manera pacífica, a valorar la opinión del otro, a construir acuerdos colectivos, a prevenir prácticas discriminatorias, autoritarias o violentas, a fortalecer una cultura de paz y a formar personas críticas, empáticas y comprometidas como futuros ciudadanos y ciudadanas con una sociedad más justa e inclusiva.
Se nos pide todo esto y más… por eso desde la organización que represento, el Comité sindical europeo de la Educación exigimos que nuestros gobiernos lleven a la práctica políticas educativas para hacer realidad las metas educativas del ODS4, sin olvidar que los verdaderos protagonistas que hacen realidad estos desafíos, son los y las docentes.
Sin ellos, es imposible. Que no se olvide nunca.
