Carlos Enrique Ruiz Ferreira
Catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de Paraíba. Actualmente es Coordinador General del Centro de Estudios Avanzados en Políticas Públicas Gobernanza y consejero del Consejo Estatal de Educación de Paraíba. Contacto: cruiz@alumni.usp.br / @kuiai

Los cantantes brasileños Caetano Veloso y Gilberto Gil han compuesto un tema musical que dice: “El Haití es aquí”. Los artistas se refi eren a una similitud económica, social y política entre Brasil y Haití, en particular sobre la desigualdad y las violencias estructurales. Sin embargo, si tenemos en cuenta el Informe sobre Desarrollo Humano (2020) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, veremos que Brasil está muy por detrás de Haití en términos del índice de desigualdad (medida por el coefi – ciente Gini). Este índice nos sitúa en la trágica posición del séptimo país con mayor desigualdad del mundo.

Un sistema esclavista perverso y un genocidio indígena combinados con una cultura machista y violadora, racista, prejuiciosa, violenta y privilegiada, nos ayuda a comprender no solo la desigualdad estructural de Brasil, sino también porque nuestra sociedad ha logrado la hazaña de elegir al presidente actual (sobre el tema también valdrá la pena leer el artículo “El hombre medio”, de Eliane Brum).¹

El Informe del PNUD señala que “La participación del 10% más rico de Brasil concentra el 41,9% del ingreso total del país, y la participación del 1% más rico concentra el 28,3% de los ingresos”. La desigualdad no se detiene ahí: Según la Síntesis de Indicadores Sociales del Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (2019)², los indicadores muestran nuestra fragilidad con relación al género y la raza: “En 2018, los blancos ganaron en promedio un 73,9% más que los negros. Los hombres ganaban, en promedio, un 27,1% más que las mujeres”.

En este sentido, cabe preguntarse: ¿Estas desigualdades se agravan en escenarios de crisis como la que estamos viviendo? ¿La pandemia mundial afecta de manera más violenta a las poblaciones tradicionalmente marginadas? Y luego: si la respuesta es afi rmativa, ¿qué podemos hacer para combatir y minimizar las desigualdades? Para intentar responder esas preguntas elegiremos el tema de la educación en el marco de los derechos humanos.

Sobre las primeras preguntas, todo demuestra que así es. Que la pandemia de COVID-19 está afectando gravemente a las poblaciones más pobres, no solamente en Brasil, sino en todo el mundo.

Del 6 al 10 de mayo de 2020, por ejemplo, se publicó una serie de artículos sobre la desigualdad en la educación en el diario “A Folha de São Paulo”. Con el cierre de escuelas y quizás la adopción en todas las redes de educación estatal en el país de actividades docentes remotas, las vulnerabilidades de la mayoría de los estudiantes y sus familias comenzaron a hacerse más evidentes. No se trata solo de un menor acceso a libros y material cultural, estamos hablando del propio acceso a internet y de la falta de equipos tecnológicos (ordenadores o tabletas) que permitan mínimamente la experiencia de las actividades pedagógicas no presenciales.

En agosto de 2020 supimos con mayor claridad la dimensión de las brechas sociales que impactan negativamente la educación de los más pobres durante la pandemia. La Nota Técnica N° 88 de la Dirección de Estudios y Políticas Sociales del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada señaló que alrededor de 6 millones de alumnos brasileños, de la enseñanza infantil al nivel superior, no tenían acceso a internet en ninguna modalidad. En la enseñanza infantil y fundamental tenemos alrededor de 15% de los estudiantes que no tienen ningún acceso. En la secundaria es 10%.

Otro dato signifi cativo de este estudio recae sobre las desigualdades sociales y económicas existentes entre los estudiantes en el sistema educacional brasileño. El número de alumnos con acceso a internet es signifi cativamente peor cuando se trata de estudiantes residentes en áreas rurales, negros y de comunidades indígenas. Un ejemplo dramático es que del total de alumnos de la enseñanza secundaria sin acceso a internet, un 38% son personas negras o indígenas.

Otra variable nos ayuda a conformar un diagnóstico más preciso sobre el problema. Se trata de la disponibilidad de equipos tecnológicos, mínimamente satisfactorios para la enseñanza remota o en línea. El Comité Gestor de Internet en Brasil (cgi.br) presentó, en 2020, el estudio “Educación TIC: Investigación sobre el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en las Escuelas Brasileras – 2019”, donde se señala que 39% de los alumnos de escuelas urbanas no poseen computadoras en su domicilio.

Esta desigualdad estructural se refl eja en una inmensa exclusión digital de los económicamente desfavorecidos. “Nadie, nadie es ciudadano”, prosigue la letra de Caetano Veloso y Gilberto Gil. Por tanto, es posible concluir que la pandemia actual afecta de la forma más cruel a las poblaciones más vulnerables, aumentando las desigualdades. En este escenario, ¿qué hacer?

No hay otra forma de combatir las desigualdades de forma macro, que las políticas públicas. Por eso el Estado tiene que ser el actor principal y fundamental para corregir las asimetrías que tanto nos atormentan como apenan. Por supuesto, no se debe descuidar la promoción de acciones de la sociedad civil organizada, que cambian muchas realidades. Pero un alcance macro y estructuralmente efi ciente solo se puede lograr a través del Estado y políticas públicas comprometidas con una mayor democratización de la sociedad. El mayor problema que nos aqueja es que en Brasil no podemos esperar casi nada del gobierno federal, crece la impresión de que estamos bajo un gobierno que promueve una necro política mezclada con una política neoliberal, donde los viejos, las personas con comorbilidades, pobres, negros e indígenas son comprendidas como un peso en la sociedad o como descartables. 

Pero hasta que se produzca el cambio presidencial, es necesario contar con políticas públicas desde algún lugar que puedan minimizar las desigualdades que surgen en esta crisis de salud pública y económica. Si las acciones del gobierno federal son triviales, y son mucho más impulsadas por el Congreso Nacional y por la sociedad que por el propio Poder Ejecutivo, entonces debemos recurrir a los gobernadores. De hecho, en Brasil, el protagonismo está con ellos en este momento.

En el ámbito de la Educación, una serie de políticas públicas se han puesto en marcha que merecen nuestra atención. Primero, sobre la enseñanza remota. Los Consejos Estatales de Educación³ han creado normas y resoluciones sobre la Educación en tiempos de excepcionalidad. En particular, los Consejos han permitido que las instituciones de enseñanza utilicen “Actividades Pedagógicas No Presenciales” en tanto dure el estado de excepcionalidad por razón de la pandemia de COVID-19.

A partir de esa autorización los gobiernos federados han implementado una serie de políticas públicas para minimizar las desigualdades y sus impactos negativos, entre las cuales cabe enfatizar:

1) Programas para el acceso y conectividad de alumnos y profesores de la red pública.

Varios sistemas estaduales de educación han establecido contratos y colaboraciones con empresas de telefonía que proveen internet. Esos contratos fueron celebrados para que dentro de las plataformas educativas ofi ciales los alumnos y profesores utilicen internet y paquetes de datos sin ningún costo, sin ningún uso de internet o datos móviles personales.

2) Creación de múltiples estrategias para el aprendizaje.

Los gobiernos estaduales han utilizado plataformas virtuales de enseñanza (de manera síncrona y/o asíncrona); han realizado acuerdos con canales de televisión abierta, canales universitarios o de las asambleas legislativas. Especialmente para los grupos más vulnerables (educación indígena, quilombolas, escuelas del campo, entre otras) las redes y escuelas han realizado, muchas veces, las Actividades Pedagógicas No Presenciales sin tecnologías virtuales, en cambio sí con materiales impresos que fueron enviados a las familias o que estuvieron disponibles en las escuelas para que los padres o responsables los recojan. Además, cuando fue necesario, se utilizaron otros medios digitales (Facebook, Instagram, WhatsApp) y también llamadas telefónicas.

3) Seguridad alimentaria y distribución de canastas básicas.

Algunos estados federativos han creado un programa para distribución de canastas básicas para las familias de alumnos de las escuelas de la red pública. En los inicios de la pandemia hubo una discusión, por parte de diversos actores sociales de la educación, argumentando que la seguridad alimentaria de muchos alumnos de la red pública podría verse afectada. Algunos gobiernos se han sensibilizado para distribuir almuerzos escolares ya comprados, y también canastas básicas para todas las familias de alumnos matriculados.

De hecho, una de las preguntas centrales para la interfaz de la educación, políticas públicas y derechos humanos, en tiempos de pandemia, es: ¿Qué políticas públicas educacionales, inclusivas y efi cientes, han sido gestionadas por los gobiernos centrales y locales, para los territorios y personas más vulnerables en este grave momento de la historia nacional?

Ciertamente, las nuevas realidades deben generar nuevos indicadores, monitoreo y procesos de evaluación de estas políticas públicas, para que la sociedad pueda conocer y pensar qué proyectos son los más representativos. Incluso para pensar en las próximas elecciones que se presentarán en Brasil en los próximos años.

Hay una tarea importante para las universidades y organizaciones de la sociedad civil – aparte de los poderes públicos – de monitorear y evaluar estas acciones y políticas públicas, con vistas a promover la transparencia, la equidad educacional y los derechos humanos.