Lic. Edwin Bedoya Ramírez
PRESIDENTE NACIONAL CEDOCUT
PRESIDENTE DE TURNO DEL FUT
Una mirada desde el movimiento sindical
Idea central: la democracia no se mide solamente por elecciones, sino por el respeto a los derechos, la independencia institucional, la libertad sindical, la protesta social y la posibilidad real de que el pueblo trabajador participe sin miedo en la vida pública.
Introducción
La democracia no se mide únicamente por la existencia de elecciones. Una democracia real se mide por la vigencia de los derechos, la independencia de las instituciones, la libertad de organización, el respeto a la protesta social, la transparencia del poder público y la posibilidad de que el pueblo trabajador participe sin miedo en la vida política del país. Desde esa perspectiva, el Ecuador atraviesa una situación profundamente preocupante: se deteriora el Estado de derecho, se judicializa la protesta, se persigue a dirigentes sociales, se debilita la libertad sindical y se utilizan instituciones públicas como herramientas de control político.
Desde el movimiento sindical, esta realidad debe ser denunciada con firmeza. No se trata solamente de una disputa entre partidos o de un conflicto coyuntural entre gobierno y oposición. Lo que está en juego es la calidad democrática del país y la posibilidad de que trabajadores, campesinos, maestros, servidores públicos, jóvenes, mujeres, pueblos y nacionalidades puedan ejercer sus derechos sin amenazas, sin persecución y sin que el aparato estatal sea utilizado para silenciar la crítica
Una democracia debilitada por la concentración del poder
El Ecuador vive una peligrosa concentración del poder político. Cuando el Ejecutivo intenta condicionar a otras funciones del Estado, cuando se presiona a organismos de control, cuando se pretende disciplinar a la justicia, cuando se gobierna mediante estados de excepción permanentes o mediante decretos sin diálogo social, la democracia se vacía de contenido. El problema no es solo jurídico; es social y político. Un gobierno que no dialoga con los trabajadores, que no escucha a las organizaciones sociales y que convierte toda crítica en amenaza, construye una democracia aparente, formal, pero no una democracia viva.
En los últimos años se ha consolidado una práctica preocupante: toda demanda social es presentada como obstáculo al desarrollo, toda protesta es tratada como riesgo para el orden público y toda organización popular es vista como enemiga. Esta visión autoritaria desconoce que el sindicalismo, la protesta y la organización social son pilares de cualquier democracia. Sin sindicatos libres no hay democracia laboral; sin protesta social no hay control ciudadano; sin pluralidad política no hay soberanía popular.
La situación económica y social agrava este escenario. Aunque el Gobierno presenta determinados indicadores como signos de estabilidad, la realidad de los hogares trabajadores es otra. Según el INEC, en mayo de 2026 el empleo adecuado fue apenas del 36,6% de la PEA, el subempleo llegó al 18,3% y el desempleo se ubicó en 3,1%. Es decir, más allá de una tasa de desempleo relativamente baja, la mayoría de la población económicamente activa no tiene empleo pleno, estable y con derechos suficientes.
Datos sociales que muestran el deterioro democrático
La pobreza sigue golpeando con fuerza. A diciembre de 2025, la pobreza por ingresos fue de 21,4% a nivel nacional y la pobreza extrema llegó al 8,3%; en el área rural, la pobreza alcanzó el 37,6% y la pobreza extrema el 19,7%. Además, una persona era considerada pobre si vivía con menos de USD 92,40 mensuales per cápita, y en pobreza extrema si vivía con menos de USD 52,07 mensuales. Estos datos muestran una verdad dolorosa: mientras se habla de eficiencia, ajuste y modernización, millones de ecuatorianos viven con ingresos insuficientes para una vida digna.
La crisis social no puede separarse de la crisis democrática. Un pueblo empobrecido, precarizado y sin servicios públicos de calidad tiene menos posibilidades reales de participar en igualdad de condiciones. La democracia se debilita cuando el derecho a la salud, a la educación, al trabajo y a la seguridad social se convierten en privilegios y no en garantías universales.
La corrupción también erosiona la democracia. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, difundido por Fundación Ciudadanía y Desarrollo, capítulo ecuatoriano de Transparencia Internacional, Ecuador obtuvo 33 puntos sobre 100 y se ubicó en el puesto 116 entre 182 países. Una mejora mínima no cambia la realidad de fondo: la ciudadanía percibe un Estado debilitado, opaco y con graves problemas de integridad pública.
Judicialización y persecución: la protesta convertida en delito
Uno de los signos más graves del deterioro democrático es la judicialización de la protesta social. Cuando dirigentes sindicales, maestros, estudiantes, campesinos, defensores de derechos humanos o autoridades locales son perseguidos por levantar la voz, la democracia deja de ser un espacio de participación y se convierte en un sistema de miedo.
La protesta no puede ser tratada como crimen. La protesta es un derecho constitucional y una herramienta legítima de los pueblos cuando las instituciones no responden. El movimiento sindical históricamente ha conquistado derechos mediante organización, huelgas, marchas, plantones, negociación colectiva y presión social. Si hoy se pretende criminalizar esas formas de lucha, lo que se busca en realidad es disciplinar a la clase trabajadora.
La judicialización opera de varias maneras: apertura de investigaciones penales contra dirigentes, amenazas administrativas, uso selectivo de la justicia, congelamiento de cuentas de organizaciones sociales, impedimentos para el registro de directivas sindicales, retrasos injustificados en trámites laborales y campañas de desprestigio. Este conjunto de acciones genera indefensión. Un sindicato sin directiva legalizada no puede actuar plenamente; una organización con cuentas congeladas queda paralizada; un dirigente judicializado queda sometido a desgaste económico, emocional y político.
Libertad sindical bajo amenaza
La democracia también se mide dentro de los centros de trabajo. No hay democracia si los trabajadores tienen miedo de afiliarse a un sindicato. No hay democracia si el Ministerio de Trabajo retrasa durante meses o años la legalización de directivas. No hay democracia si los contratos colectivos se bloquean, si los conflictos laborales no se tramitan, si la inspección laboral no protege a los trabajadores y si las reformas se hacen sin diálogo tripartito.
La Misión Sindical Internacional realizada en Quito entre el 11 y el 13 de mayo de 2026 alertó sobre el deterioro de los derechos laborales y sindicales en Ecuador, y advirtió sobre el riesgo de una queja bajo el artículo 26 de la Constitución de la OIT por violaciones sistemáticas a la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de organización.
Desde el movimiento sindical debemos señalar con claridad que la libertad sindical no es un trámite administrativo: es un derecho humano fundamental. Cuando se bloquea una directiva sindical, se bloquea la voz colectiva de los trabajadores. Cuando se impide una negociación colectiva, se impide la redistribución de la riqueza. Cuando se persigue a un dirigente, se envía un mensaje de miedo a toda la clase trabajadora.
El CNE y el deterioro del sistema electoral
El contexto electoral profundiza la preocupación democrática. El Consejo Nacional Electoral debe ser una institución independiente, imparcial y garante de la voluntad popular. Sin embargo, desde una mirada crítica del movimiento sindical y de diversos sectores sociales, el CNE aparece cada vez más subordinado a la coyuntura política del gobierno de turno. Cuando el árbitro electoral pierde credibilidad, todo el sistema democrático entra en crisis.
La decisión de adelantar las elecciones locales a noviembre de 2026 modificó de manera abrupta el calendario político y obligó a las organizaciones a reorganizar candidaturas, primarias y procesos internos en un tiempo reducido. Ese adelanto fue justificado por un posible impacto del fenómeno de El Niño, pero generó fuertes cuestionamientos por sus efectos políticos sobre las fuerzas de oposición.
A esto se suma la cancelación de organizaciones políticas. El 26 de abril de 2026, el Pleno del CNE canceló la inscripción de Unidad Popular y Construye, argumentando incumplimiento del mínimo de afiliados exigido por la ley. Más allá del debate legal específico, el problema político es evidente: en un contexto de polarización, persecución y debilitamiento institucional, sacar organizaciones del registro electoral reduce la pluralidad democrática.
Desde el movimiento sindical debemos ser claros: el CNE no puede convertirse en un operador político. No puede actuar con criterios selectivos. No puede usar la ley como instrumento para limitar la participación de determinadas fuerzas mientras se favorece al oficialismo. Un organismo electoral que no garantiza igualdad de condiciones deja de ser árbitro y se convierte en parte interesada.
Salud y educación: servicios públicos en crisis
La crisis de salud es un ejemplo dramático del deterioro institucional. Reportes recientes han descrito desabastecimiento de medicamentos e insumos, problemas de financiamiento y dificultades en hospitales públicos. Primicias informó en mayo de 2026 que, según el Plan Operativo Anual del Ministerio de Salud, el presupuesto requerido para medicamentos era de USD 497,9 millones, pero solo se habían asignado USD 202,9 millones. Esta brecha afecta directamente a pacientes, familias y trabajadores de la salud.
La educación también enfrenta una situación crítica. El deterioro de infraestructura, la violencia en las escuelas, la falta de inversión suficiente, la inseguridad que afecta a docentes y estudiantes, y la ausencia de políticas integrales muestran que el Estado está fallando en garantizar derechos básicos. La UNE ha denunciado problemas graves de infraestructura escolar y una inversión insuficiente frente a miles de instituciones que requieren intervención.
Cuando salud y educación se deterioran, la democracia se debilita. No hay ciudadanía plena cuando una familia debe endeudarse para comprar medicinas, cuando una escuela no tiene condiciones adecuadas, cuando docentes son perseguidos o cuando estudiantes viven en entornos de miedo. Defender los servicios públicos es defender la democracia social.
Democracia social o autoritarismo neoliberal
El peligro para la democracia ecuatoriana no se limita al campo electoral. También se expresa en el modelo económico. Un país donde crece la precarización, donde se reducen ministerios sin planificación, donde se despide a trabajadores públicos, donde se fusionan instituciones sin estudios técnicos, donde se debilitan controles laborales y sociales, avanza hacia un Estado más autoritario y menos garante de derechos.
El discurso de la “eficiencia” muchas veces esconde ajuste, despidos y concentración de poder. La reducción del Estado no afecta por igual a todos. Afecta primero a los usuarios de hospitales, a estudiantes de escuelas públicas, a trabajadores que esperan inspecciones laborales, a comunidades que necesitan protección ambiental, a sindicatos que requieren legalización de directivas y a familias que dependen de servicios públicos.
La democracia no puede reducirse a votar cada cierto tiempo. Democracia es salario digno, seguridad social, salud pública, educación de calidad, libertad sindical, negociación colectiva, justicia independiente, organismos electorales imparciales y derecho a la protesta. Cuando esos elementos se debilitan, la democracia se convierte en una fachada.
El papel del movimiento sindical
Frente a este escenario, el movimiento sindical tiene una responsabilidad histórica. No puede limitarse a la defensa sectorial de salarios o contratos colectivos, aunque esas luchas son fundamentales. Debe asumir la defensa integral de la democracia, porque sin democracia no hay derechos laborales sostenibles.
El sindicalismo debe denunciar la judicialización de la protesta, exigir independencia de funciones del Estado, defender la autonomía del CNE, rechazar la persecución política, exigir transparencia en el uso de recursos públicos, defender la salud y educación públicas, impulsar una agenda de empleo digno y demandar el cumplimiento efectivo de los convenios internacionales de la OIT.
También debe construir unidad social. La defensa de la democracia no puede quedar en manos de las élites políticas. Debe ser una tarea de trabajadores, maestros, campesinos, mujeres, jóvenes, jubilados, pueblos indígenas, barrios populares, organizaciones sociales y sectores democráticos. La unidad no significa silencio ni subordinación; significa construir una plataforma común frente al autoritarismo, la corrupción, la precarización y la pérdida de derechos.
Conclusión: defender la democracia es defender al pueblo trabajador
El Ecuador está en un momento decisivo. La democracia está en peligro cuando se persigue a quienes protestan, cuando se judicializa la lucha social, cuando se bloquea la libertad sindical, cuando el CNE actúa bajo sospecha de parcialidad, cuando se reduce la pluralidad política, cuando se debilitan la salud y la educación, cuando la corrupción avanza y cuando el poder se concentra en pocas manos.
Desde el movimiento sindical debemos decirlo con claridad: defender la democracia es defender el derecho del pueblo a organizarse, reclamar, elegir, fiscalizar y vivir con dignidad. No hay democracia con miedo. No hay democracia con sindicatos perseguidos. No hay democracia con instituciones capturadas. No hay democracia con hambre, desempleo, pobreza, hospitales colapsados y escuelas abandonadas.
La tarea urgente es levantar una gran defensa nacional de la democracia social, participativa y popular. Una democracia donde el pueblo trabajador no sea espectador, sino protagonista. Una democracia donde las instituciones sirvan al país y no al gobierno de turno. Una democracia donde el CNE garantice pluralidad y no exclusión. Una democracia donde la justicia no sea garrote contra los opositores ni escudo para los poderosos.
La historia demuestra que los derechos no se mendigan: se conquistan y se defienden. Hoy, defender la democracia en Ecuador es también defender la libertad sindical, la protesta social, el trabajo digno, la salud, la educación, la seguridad social y la soberanía popular. Esa es la tarea del movimiento sindical en este momento histórico.
Resumen de indicadores utilizados
Fuentes consultadas
- INEC – Estadísticas Laborales ENEMDU, mayo 2026. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas-laborales-enemdu/
- INEC – Pobreza por ingresos, diciembre 2025. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/pobreza-por-ingresos/
- INEC – Indicadores de Pobreza y Desigualdad, diciembre 2025. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2025/Diciembre/202512_PobrezayDesigualdad.pdf
- Fundación Ciudadanía y Desarrollo / Transparencia Internacional – IPC Ecuador 2025. https://www.ciudadaniaydesarrollo.org/2026/02/10/ipc-ecuador-2025/
- Fundación Ciudadanía y Desarrollo – Pluralidad democrática bajo amenaza: cancelación de Unidad Popular y Construye. https://www.ciudadaniaydesarrollo.org/2026/05/13/pluralidad-democratica-bajo-amenaza-cancelacion-de-las-organizaciones-politicas-unidad-popular-y-construye/
- El Comercio – CNE aprueba cancelación a Unidad Popular y Construye. https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/cne-aprueba-cancelacion-a-unidad-popular-y-construye/
- El País – El adelanto electoral en Ecuador sacude el tablero político y arrincona a la oposición. https://elpais.com/america/2026-04-14/el-adelanto-electoral-en-ecuador-sacude-el-tablero-politico-y-arrincona-a-la-oposicion.html
- CSA / CSI – Misión Sindical Internacional denuncia graves violaciones a la libertad sindical en Ecuador. https://csa-csi.org/2026/05/13/mision-sindical-internacional-denuncia-graves-violaciones-a-la-libertad-sindical-en-ecuador-y-alerta-sobre-posible-queja-ante-la-oit/
- Primicias – Gasto en medicamentos e insumos médicos para hospitales públicos. https://www.primicias.ec/economia/medicamentos-compra-crisis-salud-ministerio-gasto-insumos-equipos-medicos-122082/
- INREDH – Sistema de Salud Pública: una crisis que cobra vidas. https://inredh.org/sistema-de-salud-publica-una-crisis-que-cobra-vidas/
- Expreso – UNE denuncia crisis educativa y cuestiona inversión estatal. https://www.expreso.ec/politica/une-denuncia-crisis-educativa-inicio-clases-cuestiona-inversion-estatal-280899.html
- Ministerio del Trabajo – Acuerdo Ministerial MDT-2026-019. https://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2026/02/ACUERDO-MINISTERIAL-MDT-2026-019.pdf
Nota metodológica: este documento integra datos estadísticos y fuentes públicas disponibles hasta junio de 2026. El enfoque político y sindical corresponde a una lectura crítica
