Filipe Reis Melo
Profesor de Relaciones Internacionales de la UEPB

La Corte Penal Internacional (CPI) fue creada en 1998 y comenzó a funcionar formalmente en 2002, con el objetivo de juzgar a personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad. Su sede se encuentra en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos.

Actualmente, la CPI está siendo objeto de sanciones por parte de Estados Unidos. El Gobierno estadounidense ha impuesto restricciones financieras y prohibiciones de visado a jueces y fiscales de la Corte, además de presionar a sus aliados para que abandonen el organismo internacional, bajo el argumento de que el tribunal amenaza la soberanía de Estados Unidos y la de aliados como Israel.

El secretario de Estado del Gobierno de Donald Trump, Marco Rubio, lamentó que, debido a los poderes extraterritoriales de la CPI, militares, agentes de policía y políticos estadounidenses pudieran ser llevados ante este tribunal y encarcelados, quedando a merced de jueces extranjeros.

Es interesante observar que Rubio ha criticado a la CPI precisamente cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue secuestrado por su Gobierno en una operación ilegal que violó todas las normas del derecho internacional y que causó la muerte de unas 100 personas. Maduro permanece secuestrado en Estados Unidos, a la espera de ser juzgado por jueces extranjeros.

Esta postura de Estados Unidos contra la CPI llama la atención porque, por un lado, este país nunca se ha sometido a la jurisdicción de la CPI y, por otro, este tribunal nunca ha movido un dedo para acusar a ningún ciudadano estadounidense.

Entonces, ¿por qué Marco Rubio comienza, de repente, a arremeter contra la CPI? Todo indica que se debe al hecho de que este tribunal emitió una orden de arresto internacional contra sus aliados, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro Yoav Gallant.

Entonces, alguien podría pensar que la CPI ha estado haciendo un trabajo serio. Pero en geopolítica las cosas no son tan sencillas. Desde que este tribunal comenzó a funcionar, nunca ha acusado a los responsables de los crímenes cometidos por la OTAN en Afganistán, Irak, Libia y Siria. Hasta 2024, los casos examinados por los jueces fueron exclusivamente contra personas del llamado Sur Global.

Casi 60 países comprendieron, ya desde la propuesta de creación de la CPI, que su objetivo no sería representar a una corte imparcial que juzgara a acusados de crímenes de cualquier nacionalidad, sino que sería un tribunal al servicio de las potencias occidentales. Por ello, entre las decenas de países que no han ratificado el Estatuto de Roma se encuentran países como China, Cuba, Irán, Rusia e India, además de los propios Estados Unidos.

Por lo tanto, cuando, por primera vez, este tribunal acusa de genocidio a un aliado de las potencias occidentales, Estados Unidos se lanza contra la CPI, mientras los países de la Unión Europea reciben a Benjamin Netanyahu como jefe de Estado, ignorando la orden de arresto emitida por la corte internacional que ellos mismos crearon y cuya sede albergan.