Paola Álvarez Montoya
Responsable del Área de Educación y Cultura • Tribunal Originario
Abya Yala de Justicia – Perú (TOAJ) • Investigadora y defensora
de los derechos colectivos de los pueblos indígenas

La discusión sobre la reubicación de la sede de las Naciones Unidas adquiere hoy una relevancia histórica. No se trata únicamente de una decisión administrativa o logística, sino de un debate profundamente político y ético, vinculado al cumplimiento de los principios fundacionales de la propia Organización: la paz, la autodeterminación de los pueblos, el respeto a la soberanía territorial y la protección integral de los derechos humanos, tanto individuales como colectivos.

Desde la perspectiva de los pueblos indígenas, resulta legítimo cuestionar que un Estado cuyo accionar gubernamental actual es percibido por amplios sectores de la comunidad internacional como contrario a estos principios, continúe ostentando la condición de país anfitrión permanente de la sede central de la ONU. La neutralidad, independencia y coherencia ética de la Organización se ven inevitablemente tensionadas cuando su funcionamiento estructural depende de un territorio estatal cuyas políticas internas y externas generan graves cuestionamientos en materia de derechos humanos, soberanía territorial y migración.

La deuda histórica de la ONU con los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas del mundo observamos que, desde la creación de la ONU, los avances reales en los Estados republicanos constituidos sobre territorios indígenas han sido limitados y desiguales. Si bien reconocemos que no existe un instrumento jurídico perfecto, también es cierto que la ONU ha producido herramientas normativas fundamentales, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), que reconocen derechos colectivos, territoriales, culturales, jurídicos y políticos largamente negados.

Sin embargo, estos avances se han visto restringidos por una realidad estructural: son los Estados quienes ratifican, interpretan y aplican dichos instrumentos conforme a sus intereses políticos y económicos. En muchos casos, ello ha derivado en una aplicación selectiva, formal o simbólica, que no se traduce en garantías reales para los pueblos indígenas, especialmente en lo relativo al territorio, la autodeterminación y el consentimiento libre, previo e informado.

Asimetrías de poder y condicionamientos estructurales

No puede desconocerse que el equilibrio de poder global influye en el funcionamiento de los organismos multilaterales. La concentración de poder político, económico y militar en determinados Estados ha condicionado

históricamente la actuación de la ONU, limitando su capacidad de respuesta frente a violaciones sistemáticas de derechos humanos y afectaciones a la soberanía territorial de pueblos y naciones.

Para los pueblos indígenas, esta situación resulta particularmente grave. Nuestros derechos territoriales son anteriores a la conformación de los Estados modernos y están reconocidos por el derecho internacional. No obstante, seguimos siendo testigos de políticas extractivas, desplazamientos forzados, criminalización de defensores territoriales y despojo sistemático, todo ello bajo discursos de desarrollo, democracia o progreso que reproducen lógicas coloniales.

No ser observadores pasivos

La inacción o la neutralidad frente a estas dinámicas nos convierte en observadores pasivos de procesos que amenazan la paz mundial y la supervivencia de pueblos enteros. La paz no puede sostenerse sin justicia, ni la justicia sin el respeto a la diversidad cultural, étnica, espiritual y territorial de los pueblos del mundo.

Los pueblos indígenas no estamos obligados a adscribirnos a ideologías occidentales ni a modelos culturales hegemónicos. Contamos con sistemas propios de organización, cosmovisiones ancestrales, formas de justicia y gobernanza que han garantizado el equilibrio con la naturaleza durante milenios. Lo que exigimos no es privilegio, sino coherencia entre el discurso internacional y la práctica estatal.

Hacia una representación indígena real y estructural

Existe una demanda creciente de los pueblos indígenas por contar con una organización internacional propia, representativa y plural, que dialogue de manera directa y estructural con la ONU, respetando la diversidad cultural y organizativa de los pueblos. Este proceso es complejo y requiere tiempo, consensos y recursos; sin embargo, no puede seguir postergándose.

Mientras ello se consolida, los pueblos indígenas exigimos que quienes ocupan espacios de representación dentro de los órganos de la ONU actúen con independencia real y fidelidad a los principios fundacionales de la Organización. Aquellos perfiles que, por acción u omisión, respalden políticas contrarias a la paz, a la autodeterminación de los pueblos o a los derechos humanos, deben dar paso a una renovación ética y estructural.

La reubicación como acto político y simbólico

La reubicación de la sede de la ONU no debe entenderse como una sanción, sino como un acto político y simbólico de coherencia institucional, orientado a recuperar la credibilidad, descentralizar el poder y reafirmar el carácter verdaderamente multilateral de la Organización. El centralismo y la permanencia

en un territorio estatal cuestionado por su impacto en la paz internacional y los derechos humanos debilitan el mensaje que la ONU pretende sostener ante el mundo.

Una contradicción que debe resolverse

Resulta profundamente contradictorio que los pueblos indígenas, siendo propietarios colectivos de territorios ricos en biodiversidad y recursos naturales, seamos al mismo tiempo empobrecidos, perseguidos y criminalizados. Somos quienes protegemos la naturaleza y sostenemos el equilibrio ecológico del planeta, y aun así somos tratados como poblaciones prescindibles.

Esta contradicción interpela directamente al sistema internacional. La supervivencia de los pueblos indígenas no es un asunto sectorial: es una condición para la paz, la justicia climática y el futuro de la humanidad.

Sin las Naciones Unidas, la paz mundial se convierte en un equilibrio frágil, fácilmente vulnerable a intereses unilaterales, lo que pone en riesgo no solo la estabilidad internacional, sino la supervivencia colectiva.