Prof. Enrique Javier Díez Gutiérrez
Universidad de León • España

Fuente: Creado con IA

Gaza ha marcado un antes y un después en la historia del orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Mientras decenas de miles de personas han sido asesinadas por el ente sionista, gran parte de la población ha sido desplazada y las infraestructuras civiles han sido devastadas, la comunidad internacional ha asistido, una vez más, a la incapacidad de las Naciones Unidas para hacer cumplir los principios que proclama su propia Carta. Los sucesivos vetos en el Consejo de Seguridad han bloqueado respuestas efectivas, mientras la Asamblea General solo ha podido aprobar resoluciones sin carácter vinculante.

Cuando una organización creada para preservar la paz es incapaz de impedir un genocidio de esta magnitud, la cuestión ya no es únicamente qué ha fallado, sino si el propio modelo institucional ha agotado su legitimidad histórica. Quizá resulte duro afirmarlo, pero cada vez son más quienes consideran que la ONU, tal y como hoy existe, ha dejado de representar la voluntad de los pueblos del mundo para convertirse en un sistema condicionado por los intereses de las grandes potencias y por crecientes dinámicas de poder económico transnacional.

Si queremos una institución verdaderamente al servicio de la humanidad, no basta con reformar la ONU: es necesario imaginar y construir una auténtica Organización de los Pueblos del Mundo, basada en la igualdad, la democracia internacional y la primacía de los derechos humanos sobre cualquier interés geopolítico o económico.

El nombre de Organización de las Naciones Unidas encierra una paradoja cada vez más evidente. La institución nació en 1945 como una organización de Estados soberanos con el propósito de evitar nuevas guerras mundiales, promover la cooperación internacional y garantizar la paz, los derechos humanos y el desarrollo. Sin embargo, ni todos sus miembros constituyen «naciones» en el sentido histórico y político del término, ni la propia organización responde ya exclusivamente a la voluntad de los Estados que la integran.

Esta contradicción invita a replantear una cuestión fundamental: ¿qué entendemos por nación y qué significa haber culminado un proceso de construcción nacional?

La construcción nacional (nation-building) es el proceso histórico mediante el cual una comunidad política desarrolla instituciones comunes, una ciudadanía compartida, mecanismos democráticos de legitimación y una capacidad efectiva para ejercer soberanía sobre su territorio. No se trata únicamente de disponer de fronteras reconocidas o de ocupar un asiento en la ONU. Un Estado puede existir jurídicamente sin haber consolidado plenamente una nación política cohesionada.

La experiencia histórica demuestra que la construcción nacional nunca ha sido un proceso lineal. Ha dependido de factores como la independencia frente a potencias extranjeras, la capacidad institucional, la integración social, la existencia de un proyecto político compartido y el control efectivo de las decisiones económicas estratégicas.

Desde esta perspectiva, numerosos Estados miembros de la ONU presentan todavía importantes limitaciones. Algunos mantienen conflictos territoriales internos o guerras civiles prolongadas; otros dependen extraordinariamente de potencias extranjeras para su seguridad, financiación o estabilidad política; algunos sufren ocupaciones parciales de su territorio; otros se encuentran sometidos a fuertes condicionamientos derivados de organismos financieros internacionales o de relaciones económicas profundamente asimétricas.

No existe, por tanto, una división simple entre «naciones completas» y «naciones incompletas». Más bien encontramos distintos grados de autonomía política, cohesión institucional y capacidad soberana.

La propia globalización ha modificado profundamente el significado clásico de la soberanía. Hoy las decisiones fundamentales sobre inversión, deuda, comercio, tecnología, energía o comunicación trascienden frecuentemente las fronteras estatales. Las cadenas globales de producción, los mercados financieros y las grandes corporaciones multinacionales ejercen una influencia que condiciona las políticas públicas de numerosos gobiernos.

Diversos estudios sobre gobernanza global han mostrado cómo, junto a los Estados, han adquirido creciente protagonismo actores privados —empresas multinacionales, fondos de inversión, fundaciones filantrópicas, grandes plataformas tecnológicas y oligarcas tecnofascistas— que participan en la definición de políticas internacionales mediante financiación, asesoramiento técnico o alianzas institucionales. Esta evolución ha suscitado un amplio debate académico sobre los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y legitimidad democrática en las instituciones multilaterales.

En este contexto, numerosos analistas sostienen que la ONU ha ido alejándose parcialmente del espíritu con el que fue fundada. La desigual distribución del poder dentro del Consejo de Seguridad, el derecho de veto de cinco Estados permanentes y la influencia desigual que ejercen las grandes potencias sobre distintos organismos especializados alimentan desde hace décadas propuestas de reforma profunda de la organización.

La cuestión no consiste únicamente en trasladar físicamente la sede de Nueva York a otro lugar del mundo, sino en revisar el propio modelo de gobernanza internacional. ¿Debe seguir siendo una organización construida exclusivamente alrededor de los Estados? ¿O debería incorporar nuevas formas de representación de actores sociales con relevancia mundial?

Entre las propuestas que periódicamente aparecen en distintos ámbitos intelectuales figura la posibilidad de ampliar la representación internacional incorporando mecanismos de participación para organizaciones sindicales internacionales, movimientos sociales, pueblos indígenas, comunidades científicas u otras expresiones organizadas de la sociedad civil. Sus defensores argumentan que muchos de los grandes desafíos contemporáneos —el cambio climático, la desigualdad global, la digitalización, la inteligencia artificial o las migraciones— no pueden abordarse únicamente mediante negociaciones entre gobiernos.

Desde esta perspectiva también surge el debate sobre el Movimiento Obrero Mundial. Quienes apoyan una mayor participación sostienen que los trabajadores representan una dimensión fundamental de la sociedad global y que las organizaciones sindicales internacionales deberían aportar una voz diferenciada en materias relacionadas con derechos laborales, desigualdad o desarrollo sostenible. Sus críticos, por el contrario, consideran que la legitimidad de la ONU descansa precisamente en la representación estatal y que alterar ese principio modificaría radicalmente la naturaleza del sistema internacional.

Esta discusión conduce nuevamente al propio nombre de la organización. Quizá el concepto de «Naciones Unidas» describía adecuadamente el mundo surgido tras la Segunda Guerra Mundial, pero resulta menos preciso para explicar la compleja realidad del siglo XXI. Hoy conviven Estados plenamente consolidados con otros cuya soberanía continúa limitada; actores públicos con enormes corporaciones privadas capaces de influir en políticas internacionales; instituciones democráticas con espacios de gobernanza donde la representación ciudadana resulta indirecta o insuficiente.

Más que preguntarnos qué Estados han terminado su construcción nacional, quizá convenga plantear una cuestión aún más profunda: ¿qué arquitectura institucional necesita una humanidad crecientemente interdependiente para gobernar problemas que ya no pueden resolverse exclusivamente desde los Estados nacionales?

Repensar la ONU significa, en última instancia, abrir un debate sobre la democratización de la gobernanza mundial. Ello implica discutir la distribución del poder, la representación de la ciudadanía global, la influencia de los actores económicos transnacionales y las reformas necesarias para que las instituciones internacionales respondan con mayor eficacia, legitimidad y transparencia a los desafíos del siglo XXI. Quizá entonces también sea el momento de preguntarse si el nombre de «Naciones Unidas» sigue describiendo fielmente la organización que el mundo necesita.

Por eso el momento actual, es crucial. Hay momentos en la historia en los que una institución revela definitivamente lo que realmente es. Gaza constituye uno de esos momentos. La incapacidad de las Naciones Unidas para detener un genocidio masivo retransmitido en directo por sus propias víctimas y una destrucción masiva de todo un pueblo y su vida, su ineptitud para hacer cumplir el derecho internacional y garantizar la protección efectiva de los derechos humanos ha puesto de manifiesto una crisis mucho más profunda que el fracaso de una organización concreta: ha evidenciado el agotamiento del orden internacional nacido tras la Segunda Guerra Mundial. Cuando el derecho de veto de unas pocas potencias puede bloquear la aplicación de la legalidad internacional incluso ante las más graves violaciones del derecho humanitario, el problema ya no reside únicamente en las decisiones políticas de determinados gobiernos, sino en la propia arquitectura institucional de la ONU.

La pregunta, por tanto, no es únicamente por qué la ONU ha fracasado en Palestina, sino si una organización diseñada para representar a los Estados sigue siendo capaz de representar los intereses de la humanidad. Setenta y cinco años después de su creación, el mundo ya no está gobernado exclusivamente por Estados soberanos. Las grandes corporaciones transnacionales, los fondos financieros, las plataformas digitales y otros poderes económicos privados condicionan cada vez más las decisiones de los gobiernos y de los organismos internacionales. La soberanía popular se debilita mientras se fortalece una gobernanza global donde el poder económico, tecnológico y mediático dispone de una influencia muy superior a la de la mayoría de los pueblos.

Por ello, quizá haya llegado el momento de asumir una realidad incómoda: la ONU no atraviesa simplemente una crisis de funcionamiento, sino una crisis de legitimidad. Su nombre mismo —Naciones Unidas— remite a un mundo que ya no existe. Ni todos los Estados miembros constituyen naciones plenamente soberanas, ni las principales decisiones internacionales responden exclusivamente a la voluntad de esas naciones. Si el objetivo sigue siendo construir un orden internacional basado en la paz, la justicia y los derechos humanos, la cuestión ya no consiste únicamente en reformar la ONU, sino en abrir el debate sobre una nueva institución democrática global: una verdadera Organización de los Pueblos del Mundo, donde el protagonismo no recaiga en el poder de los Estados más fuertes ni en la influencia de los grandes intereses económicos, sino en la representación efectiva de los pueblos y de la clase trabajadora mundial.